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Cambio de estafeta

Condiciones del Estado
Luis Herrera
La Libertad de Credo establecidas en el Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no ha sido garantizada por la actual Administración del Gobierno del Estado de Chiapas.

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De manera desafortunada para muchos evangélicos además de militantes de otras religiones minoritarias en Comunidades del Estado de Chiapas, los funcionarios responsables del actual Gobierno del Estado no han podido garantizar el Estado de Derecho y la Libertad de Credo establecida en el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y en la mayoría de los casos, solamente han administrado los problemas debido a la falta de interés, falta de capacidad de atención considerando que siempre los afectados son siempre la minoría o simplemente calificarlo como negligencia.
Tal es el caso de la comunidad de Mariano Matamoros en el que de manera frecuente se anuncia por bocinas el acuerdo que tomaron el 2015 después de haber despojado de sus tierras al grupo Evangélico, que nadie puede hacer “negocios, comprar o vender a los hermanos de la religión, el que no obedezca será multado” con 5 mil pesos; un audio y el escrito que deja la evidencia que, a pesar de la manifestación expresa de la violación de los más elementales Derechos Humanos y que jurídicamente corresponde sanciones a los agresores, las autoridades han buscado que el tiempo se consuma para dejar sin efecto los procesos legales iniciados confiando en el ofrecimiento basado en su “capacidad” de negociación política con los líderes para llegar a acuerdos de respeto a la libertad de credo en la Comunidad, lo que ha quedado evidente que no existe.
Es tiempo de pasar la estafeta al Gobernador electo, en ninguno de los informes anuales de la actual Administración, se pudo observar certeza, credibilidad y datos reales del estado que guarda esta problemática en el Estado sobre la cantidad de casos pendientes, casos en los que se firmaron supuestos “acuerdos de respeto” mismos que solo sirvieron para justificar la existencia de una oficina pero que los mismos acuerdos mantienen la falta de garantía de Libertad de Credo y que la violación de los Derechos Humanos sigue estando presente tanto en los líderes comunitarios como en los mismo funcionarios gubernamentales. Actualmente hay compromisos tanto económicos como de operación política que se quedarán para la siguiente administración. Quizá ese era su propósito de entregarles la responsabilidad a la nueva administración, por lo menos en ese sentido lograron lo que tenían planeado, se tendrá que iniciar procesos de responsabilidades a funcionarios, garantizar la atención integral a desplazados y afectados y, sobre todo, hacer lo que la administración actual no quiso: prevenir y lograr que las comunidades vivan en paz, en tolerancia, respeto y armonía.

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